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En junio, los vecinos recibieron un burofax por el que se les exigía el pago de 50.000 euros para que el contrato no quedara rescindido y los inmuebles vendidos a otros posibles compradores.
Dichos vecinos habían suscrito el contrato de compra en abril del año 2016 con una constructora fuertemente vinculada al municipio de Fuenlabrada. En el mes de junio, recibieron un burofax por el que se les exigía el pago de 50.000 euros para que el contrato no quedara rescindido y los inmuebles, vendidos a otros posibles compradores.
Este caso ya se encuentra en los tribunales, tras la admisión judicial de la denuncia de las familias. El equipo de Gobierno, encabezado por el alcalde, Narciso Romero, y por el vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero, han mantenido ya una reunión con dichas familias para expresarles su más firme disposición a apoyarles en este difícil proceso.